Eduardo Mackenzie

Gustavo Petro no puede permanecer un día más en la Casa de Nariño.  Todos los elementos ya están sobre la mesa para que Colombia, en nombre de su supervivencia como nación libre y soberana, destituya a ese individuo nefasto que, por un derrumbe provocado del sistema de escrutinio en 2022, cayó sobre la Casa de Nariño. 

Ya pasó el momento de criticar gentilmente sus absurdas medidas de gobierno, sus mentiras y sus grotescas actuaciones contra el país. Ya pasó el momento de pedirle explicaciones. Ya sabemos cómo son las “explicaciones” de Petro. El momento que vivimos es de ruptura. Los elementos de fondo están ahí, a la vista de todos. La onda de choque de la gestión de Petro ya produjo la muerte violenta de un coronel de la Policía Nacional, el 9 de junio pasado, que trabajaba en el equipo de seguridad de la Presidencia de la República. Esa es la gota que desbordó el vaso. Once días después de esa tragedia no sabemos si el coronel Oscar Dávila Torres se suicidó o si fue asesinado. Hay testigos que aseguran que esa muerte está ligada al robo y hallazgo parcial de un enorme alijo de dinero –3 mil millones de pesos, algunos creen que la suma es más alta–, de origen secreto y que parecen ser del presidente. Gustavo Petro niega todo y trata de ocultar esa crisis con bocanadas de humo.

Horas antes de que rindiera testimonio a la Fiscalía sobre los obscuros hechos que ocurren en la presidencia de la República, el coronel Dávila fue ultimado a bala en una calle frente a su domicilio. Aunque no fue testigo del hecho, el presidente anunció inmediatamente que el coronel se había “suicidado”. Petro no pidió siquiera que el hecho fuera investigado, lo que un jefe de Estado normal haría en esas circunstancias.  Anticipándose al dictamen de Medicina Legal, todavía desconocido, Gustavo Petro puso a su tinglado a cantar lo mismo: fue un suicidio.

Ya pasó la hora de preguntarle al ocupante de la Casa de Nariño por qué obró así. Ya no es el momento de pedirle una “gran explicación”, ni de sugerirle que le “ponga la cara a sus compatriotas” y que ordene a sus subalternos decir toda la verdad y nada más que la verdad.

El espía que se cree “filósofo”

La indiferencia de Gustavo Petro ante la verdad es un hecho. ¿Oyeron la cínica respuesta que dio desde Alemania sobre la denuncia del senador David Luna de que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), dirigida por un ex guerrillero del M-19, está pinchando ilegalmente los teléfonos de periodistas, políticos y militares retirados? Petro se burló del senador al preguntar: “¿Creen que un filósofo estudiado [sic] en Alemania puede interceptar teléfonos?”.

¿Alguien puede creer que Petro revelará el origen de los tres mil millones de pesos que eran de él pero estaban no en un banco sino en el domicilio de su secretaria privada? Para Petro la verdad es un chiste. El considera que la verdad es una pasta dúctil que se puede modelar según las circunstancias. Es el enfoque de un ideólogo-narciso que estima que la verdad no es un problema, que lo que cuenta es conservar el poder y la influencia, al precio que sea.

Fijar la atención sobre la Comisión de Acusaciones

Todos los elementos están sobre la mesa para que la Cámara de Representantes se dé a la tarea de buscar ella misma la verdad, siguiendo los pasos que sabiamente ofrece la Constitución colombiana. Ella es libre de reunir su comisión de investigación y acusación y de investigar, por sí misma o pidiendo el auxilio de otras autoridades, y libre de comisionar para la práctica de pruebas, cuando lo considere conveniente. Ella es libre para proceder enseguida a la redacción de la acusación ante el Senado contra el presidente de la República.

Por eso hay que saludar al ciudadano Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien presentó ayer 15 de junio, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la primera denuncia penal contra Gustavo Petro. Bustos declaró que su denuncia por concierto para delinquir y financiación ilegal de campaña, busca lograr, entre otros objetivos, abrir procesos separados de investigación disciplinaria, penal y juicio político de responsabilidad, contra el actual jefe de Estado. Ello no impide que otras denuncias y pedidos de destitución del presidente, lleguen a esa comisión.

Así es como una nación digna debe proceder para desmantelar las redes clandestinas que, dentro de la presidencia de la República, mueven millones de dólares y de pesos de origen desconocido. Es la primera vez que Colombia está ante un tal desafío. Millones de dólares, convertidos o no en pesos, circulan sin control por debajo de la mesa en la más alta esfera de la presidencia de la República. Y los ministerios, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y el Congreso y sus comisiones ignoran que ese circuito de dineros obscuros existe e ignoran, sobre todo, de dónde sale ese dinero y cuál es el destino de esos dineros.

Petro aspira, sin embargo, a que sus piruetas y negaciones frente a la ciudadanía y a sus representantes se olviden de la muerte del coronel Dávila y del affaire de los dineros calientes que circulan y de la cantidad de abusos y violencias que está sufriendo el país a causa de las políticas socialistas depredadoras de Gustavo Petro.

El ocupante de la Casa de Nariño dice que sus enemigos le están dando un “golpe blando”. Él utiliza esa fórmula para lavarnos el cerebro. Quiere que ignoremos que en toda sociedad democrática el presidente es responsable de sus actos y que por eso es legítimo y legal acudir a los trámites de la Constitución para lograr la destitución de un mandatario indigno. Un presidente como Petro obsesionado con destruir Ecopetrol, con reducir a polvo el sistema de salud, jugar con los fondos de pensiones, echarle mano a la justicia, desmantelar la fuerza pública, amnistiar al crimen organizado, dejar el orden público en manos de “guardias campesinas” controladas por las guerrillas, y hacer todo ello aunque la sociedad se oponga es un presidente indigno de sus ciudadanos.

Es cierto, la Fiscalía abrió una serie de investigaciones. El exministro del Interior, Alfonso Prada, está en la línea de mira. El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, lo acusa de haber ingresado de forma irregular 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro en 2022. Benedetti deberá presentarse ante la Fiscalía el 23 de junio. La Fiscalía citó a declarar nueve o diez personas más, por los hechos ocurridos en la Casa de Nariño: la muerte de Dávila, el robo en el domicilio de Laura Sarabia, el uso ilegal de un detector de mentiras de la Presidencia, las intercepciones telefónicas ilegales y la posible financiación ilícita de la campaña de Petro en 2022. Entre los llamados a rendir cuentas aparece un asesor jurídico de Gustavo Petro y aspirante a Fiscal, Miguel Ángel del Río Malo, quien aprovechó la muerte del coronel Ávila, para tratar, sin prueba alguna, de atribuirle a la Fiscalía el suicidio de Dávila. 

Colombia no se dejará imponer el sistema de soviets

Esas excelentes y patrióticas reacciones para frenar los delitos y la deriva gubernamental hay que saludarlas y apoyarlas. Pero son expedientes individuales que tratados separadamente no dejan ver el problema de fondo: la destitución del jefe de Estado como lo prevé la Constitución, sobre todo en sus artículos 174, 175 y 178.

Los misterios de palacio no son los únicos factores que dispararon las alarmas. En varias regiones del país, las milicias del ELN, bajo el disfraz de “guardias campesinas”, intentan apoderarse por la fuerza de las oficinas de gobiernos departamentales y violar la pureza del sufragio en las elecciones regionales de octubre próximo, sin que la fuerza pública reciba órdenes de Bogotá para proteger a la población y ponerle fin a la movida subversiva. Esas incursiones son la primera aplicación de la orden petrista de derribar de hecho la Constitución.

El 31 de mayo pasado y el 7 de junio siguiente, Petro ordenó a sus seguidores crear “asambleas populares” a dedo, de manera marrullera, en todos los municipios de Colombia para decidir sobre lo divino y lo humano y dictarle a los ministros lo que deben hacer. Ese llamado aberrante aumenta las posibilidades de que Petro sea destituido por violar la ley. Por vías de hecho no democráticas Petro trata de cambiar el sistema político e instaurar un “gobierno popular” –léase comunista—sobre el que reinaría un dictador sin tener que respetar el ordenamiento jurídico del país.  

¿Dejaremos que tales desmanes se impongan? ¿Ante ese caos qué ciudadano puede confiar en Gustavo Petro? ¿Qué gobiernos extranjeros podrán confiar en el Estado colombiano? Hay que sacar a Colombia de esa pesadilla. La movilización opositora y destitución de Petro es la salida.