El nuevo hecho de confrontación entre el Congreso de la República y el Jefe del Estado es un obstáculo adicional en el difícil camino para que los distintos actores políticos del país alcancen un ‘gran Acuerdo Nacional’. De paso, genera un ruido enorme en el Legislativo en donde cursan las reformas sociales que el presidente Gustavo Petro considera esenciales para su gobierno.
Al caer la tarde de este martes, ante la plenaria el presidente del Senado, Iván Name Cardozo, le exigió al Presidente que denuncie y de los nombres de los senadores que se abrazan con los narcotraficantes tras las normas que se aprueban en el Congreso. Su reclamo se sustenta en el riesgo que implica para la corporación las generalizaciones y máxime cuando vienen del funcionario quesimboliza la unidad nacional.
Name pidió claridad a la afirmación del Presidente cuando, la semana anterior, dijo que “entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico”.
“Tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete, nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos”, respondió Name. “No acepto, no aceptamos, rechazamos que nos señalen de esta manera especialmente viniendo del señor presidente de Colombia”, dijo.
En este contexto, Name le recordó a Petro su propuesta política: “Aquí vamos a seguir en el propósito de la búsqueda de un Acuerdo Nacional que lo ha pedido el gobierno y que este Congreso ha aceptado como un desafío conveniente para la democracia”.
En la mañana de este miércoles, Petro escribió en su cuenta de X (antes Twitter): “Investigué las relaciones del paramilitarismo con la clase política, fui el creador de la palabra “parapolítica” y entre mis investigaciones y las posteriores investigaciones judiciales de la Corte Suprema de Justicia se descubrió que el 35 por ciento del Senado del entonces tenía vínculos y fue encarcelado”.
Petro agregó: “Ese listado de congresistas presos tenían vínculos con el narcotráfico dado que el paramilitarismo fue la principal organización narcotraficante del entonces”.
¿Será suficiente este mensaje en sus redes sociales para que la tormenta amaine? Las reacciones han sido diversas. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aseguró que “es inadmisible que nos tratemos así” mientras el senador de Cambio Radical, David Luna, le pidió a Petro presentar las denuncias de quiénes esos senadores relacionados con el narcotráfico.
Miguel Uribe, del Centro Democrático, calificó de “peligro” el gobierno de Gustavo Petro mientras que el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, aprovechó la sesión para denunciar amenazas contra senadores y gobernadores con credencial conservadora.
El pulso abierto por Petro contra el Legislativo se suma a la tensión del Ejecutivo con los gremios. El martes de la semana anterior, 30 presidentes y representantes del sector gremial y empresarial del país se reunieron con el primer mandatario, en Palacio.
El ambiente de ese encuentro fue, en palabras de varios de los asistentes, “de cordialidad”. Sin embargo, a los empresarios los sorprendería el tono de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al hacer un balance del encuentro. “Lo que hay que decir es que ese síndrome de la Coca-Cola del desierto se acabó”, aseguró en referencia al rol que ellos juegan en la sociedad.
Al día siguiente, el Presidente viajó a El Salado, uno de los pueblos más golpeados por la violencia paramilitar. Allí, desde la misma tarima desde la que habló del Acuerdo Nacional, se fue en contra de Argos a la que señaló de haber sacado provecho del despojo de tierras perpetrado por los ‘paras’ en los Montes de María. Y, acto seguido, afirmó que el diario El Colombiano era de propiedad del Grupo Empresarial Antioqueño.
“No voy a acusarlos de la masacre, no sabemos de eso, pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre; se quedó con las tierras de los campesinos”, dijo Petro.
¿Qué pasó con el tono conciliador? ¿Qué fue de la propuesta del acuerdo nacional? La descalificación de la ministra y las palabras del Presidente contra el empresariado, el sector que produce el 80 por ciento del PIB y genera el 74 por ciento de los empleos formales, sorprendieron.
“Veo a algunos hablando de acuerdo y saliendo a atacar a aquellos con los que hay que sentarse a conversar. Ese camino no nos va a producir lo que seguramente todos queremos”, manifestó Bruce Mac Master, cabeza de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi).Pero esa dinámica –la de promover el Acuerdo, por un lado, pero escalar el lenguaje en contra no solamente de la oposición, sino de cualquier posible contradictor– es la que ha marcado la agenda del Gobierno desde el pasado 20 de julio, cuando el presidente Petro volvió a hablar de tender puentes con otras fuerzas políticas y sectores del país, ante el estancamiento de sus reformas en el Congreso
Es por ello que voces tan respetadas como la del senador Humberto de la Calle miran con distancia el acuerdo, pues señalan que difícilmente puede haber diálogo si a la primera diferencia el Presidente tilda a quienes no lo apoyan de “instrumentos de la oligarquía”.
Las dificultades para lograr un acuerdo pasan también por dos factores clave: los temas por tratar y qué tanto ceder. “¿El acuerdo es solo para sacar adelante sus ideas? ¿O habría un esfuerzo genuino de concertar?”, se pregunta De la Calle.
Una situación que no da espera. “Las cosas están funcionando más por inercia que por algún plan trazado”, asegura el analista Gabriel Cifuentes, abogado y magíster de la Universidad de Harvard. “El presidente Petro está en deuda de explicar el alcance del acuerdo, que a hoy está solo en una atractiva promesa”, enfatiza.
Incluso, Gabriel Jiménez, director de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política de la Javeriana, cree que Petro debería esforzarse por empezar la tarea en casa. “En el Congreso debería tratar de aglutinar los cuadros que de alguna manera están sueltos en el Pacto Histórico para luego sí lanzarse de manera más cohesionada a buscar apoyos en otros partidos para sacar adelante sus reformas”, dice.
Además del Congreso, también al equipo de gobierno se le exige mayor eficiencia. “Hay que decirlo, el Presidente tiene toda la claridad política y el horizonte de posibilidad definido, pero son las instancias ejecutivas del Gobierno las llamadas a construir la ruta, el método concreto para hacerlo realidad”, sostiene David Racero, representante por el Pacto Histórico.
“Necesitamos que haya un interlocutor”, dice, de otro lado, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, para quien el diálogo en Palacio fue “muy cordial”, pero hasta ahí llegó. “Lo que nos extrañó es que al final no quedó un plan de acción de cómo vamos a hacer esas medidas para la reactivación, qué se hará en seguridad, cómo los empresarios participamos o ayudamos en el tema de las reformas”.
Cifuentes destaca que la idea del acuerdo ha sido bien recibida por distintos sectores y gremios al considerarla “como una solución necesaria para que la sociedad avance”.
En su posesión, el 7 de agosto de 2022, Petro prometió “un gran pacto nacional”.
Un acuerdo pluralista que favoreciera el diálogo y la concertación. En esa ocasión, se sintió como una bocanada de aire fresco para ponerle fin a la fatigante polarización. Se trataba de un presidente con un ideario político distinto y que tan pronto obtuvo el triunfo en las urnas se encontró respetuosamente con su hasta entonces más fuerte adversario, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Sin embargo, antes de concluir el primer año de gobierno esa esperanza de alcanzar consensos se había esfumado, la agenda legislativa quedó bloqueada, las expectativas se quedaron sin cumplir y el tono volvió a ser de confrontación.
La propuesta regresó al ruedo el pasado 20 de julio en el arranque de una nueva legislatura. Luego la volvió a repetir el 7 de agosto. Y ahora justo cuando el Congreso parecía meter el acelerador a las reformas sociales -en particular la de salud- surge este nuevo capítulo de confrontación. Nada más y nada menos que entre el presidente del Congreso y el presidente de la República.
“Presidente, genial insistir en el ‘acuerdo nacional’, pero que sea más que un discurso bonito, que tenga voluntad y ganas de alcanzarse”, dice el exministro del gobierno Duque, José Manuel Restrepo.