Varios excombatientes, entre ellos Rodrigo Londoño y Pastor Alape, rechazaron la designación de Natalia Parada como nueva encargada de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SESP) de la Unidad Nacional de Protección. Explican que se trata de una violación al Acuerdo de Paz.

El nombramiento de Natalia Parada como nueva subdirectora de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección (SESP) de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desató en las últimas horas un nuevo choque entre el antiguo secretariado de las extintas FARC con el presidente Gustavo Petro.

Esa subdirección es la que da atención a los casos de riesgo de los firmantes del Acuerdo de Paz. Según lo expresado por varios ex-FARC, entre ellos Rodrigo Londoño (conocido en la guerra como Timochenko) y presidente del partido Comunes, esa designación se dio “sin el consenso” de ellos como alta parte contratante de ese acuerdo.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Londoño le escribió al presidente diciendo que era un “gravísimo hecho contra la seguridad de los firmantes que constituye una violación flagrante al acuerdo discutido en La Habana”.

Además, indicó que “convocó de urgencia” al último secretariado de las extintas FARC y a la bancada en el Congreso del partido Comunes para evaluar la situación. “Es nuestra vida la que está de por medio”, dijo en su trino Londoño.

De acuerdo con registros de Indepaz, hasta abril de 2024 han sido asesinados 10 excombatientes de las FARC y 425 desde la firma del Acuerdo de Paz.

Pastor Alape, también miembro del antiguo secretariado, afirmó por su parte en su cuenta de X que era una “ironía” que el Gobierno de Petro, “el de la paz” tomara la decisión de “incumplir los compromisos de seguridad”.

El congresista de Comunes, Pedro Baracutao, hizo un llamado respetuoso a Petro para que cumplan con lo consignado en el Acuerdo de Paz. En efecto, en el punto 3 de reincorporación se explica que la estructura y funcionamiento de SESP debe ser definida por el Gobierno y las FARC.

Numeral del punto 3 del Acuerdo de Paz en el que se especifica cómo será la confirmación de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección.© Proporcionado por El Espectador

La designación de Parada fue dada a conocer a través de un trino de la cuenta de la UNP en el que se ve al director de la entidad, Augusto Rodríguez, en esa posesión. En el mensaje se afirma que Parada es la “primera mujer en ponerse al frente de esta dependencia derivada del Acuerdo de Paz 2016″. Además, explican que la funcionaria ha trabajado en esa subdirección y ha sido asesora del despacho de la actual dirección de la UNP.

Pero no todos los sectores de los firmantes de paz están en desacuerdo con ese nombramiento. La Mesa Autónoma de Reincorporación (MAR) creada en 2021 para buscar una interlocución directa con el Gobierno Nacional al margen del partido Comunes -a quien le ha reclamado en el pasado que está en todas las instancia de diálogo y desconoce a otros sectores de los excombatientes- dijo en un comunicado que recibía con “beneplácito los cambios que lleva a cabo el gobierno del presidente Gustavo Petro para las garantías de seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz”.

De acuerdo con lo que dicen en el documento, “la Subdirección Especializada de UNP, requiere transformaciones profundas”. Esto se garantiza, dicen “con gerentes públicos imparciales y que no responden a los intereses de un grupo político en particular, el cual, solo representa la voz de 2.500 de un universo de 12.101 firmantes del Acuerdo de Paz”.

Además, califica como un “fracaso” la designación de los cuatro subdirectores impuestos por el partido Comunes en los últimos 7 años. “Esto se evidencia en la incapacidad para generar condiciones reales de seguridad en los territorios, de establecer estrategias de seguridad colectiva y comunitaria, ausencia de prevención de la estigmatización y sin el respeto a la incorporación de los enfoques de género, étnico y territorial”.

Y agrega: “Es de público conocimiento que el partido Comunes defiende exclusivamente el modelo de protección basado en el vehículo blindado, promueve la diferenciación de beneficiarios al clasificarlos de primera, segunda o tercera clase, además de ser indiferente e indolente ante la masacre de los firmantes del acuerdo de paz que viven en las zonas más afectadas por la violencia”.

Por último, afirman que ese cambio es válido y legítimo y va a “generar transparencia, equidad y justicia” para salvaguardar su “derecho a la vida, seguridad e integridad personal”.

Al margen de esa división, la seguridad de los firmantes de paz es un punto que sigue sin ser atendido dentro de la implementación. El pasado 26 de febrero, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le reclamó al Gobierno por este tema, afirmó que “han sido incapaces” de tomar medidas efectivas.

Desde enero de 2022, la Corte Constitucional declaró que hay un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de garantías de seguridad para los exintegrantes de las FARC en su regreso a la vida civil y una violación masiva del Acuerdo de Paz.