Por Eduardo Mackenzie

Después de las contorsiones antisemitas del presidente Gustavo Petro en la plaza de Bolívar, la pregunta es: ¿qué va a hacer ahora Petro con la comunidad judía de Colombia?

¿Qué hará ahora, luego de esa destapada racista que protagonizó antier? ¿Qué inventará contra los colombianos de confesión judía que viven en el país y que no comparten su visión lunática de lo que ocurre en Gaza? ¿Va a impulsar otra de esas “reformas” abyectas que trata de imponerle a Colombia por todos los medios para poner en cintura a los judíos colombianos?

¿Le bastará a Petro romper las relaciones con Israel o irá más lejos para satisfacer sus compromisos alucinantes con el islamismo yihadista? Nadie puede descartar que el odio siga causando más y más estragos en la psicología del insólito individuo que ocupa hoy la presidencia de la República de Colombia. Y que, en consecuencia, dará nuevos pasos, esta vez contra los judíos y los amigos de los judíos y de Israel en Colombia.

Lo de Petro ayer no fue sólo una explosión de odio contra Benjamín Netanyahu, ni contra el gobierno israelí, ni contra la guerra entre Israel y Hamas en Gaza.

Fue una pestilente alegación de antijudaísmo. Hace 208 días, 240 personas cayeron en poder de Hamas porque eran judías. Parece que de ellos solo quedan 129 sufriendo lo indecible en los túneles de Gaza. Nadie sabe cuántos están vivos. Sabe el mundo  que algunos han sido asesinados, que otros fueron violados, torturados y mutilados.

Petro no pidió que fueran liberados. Petro no ha condenado siquiera el masivo pogrom del 7 de octubre de 2023 que asesinó a 1 400 inocentes, con una saña y una bestialidad que el mundo no había visto desde el fin de la dictadura de Hitler. Por el contrario, desde ese día Petro redobló sus insultos contra el gobierno israelí. Ayer fue más lejos. Confirmó que Colombia romperá relaciones diplomáticas con Israel porque, según él, Israel tiene un gobierno y un pueblo “genocida”. Petro le niega a Israel el derecho a defenderse y a buscar la destrucción de Hamas, el verdadero verdugo del pueblo palestino.

El presidente colombiano recita la retórica infernal de Hamás, organización terrorista que pretende construir un Estado palestino que vaya “del lago Tiberiades hasta el mar Mediterráneo”, luego de borrar del mapa a Israel.

Petro sabe que Netanyahu fue elegido por los ciudadanos de ese país. En consecuencia, los electores de Netanyahu son, para Petro, genocidas, así como los demás ciudadanos israelíes que, aunque no sean de la corriente del primer ministro, apoyan el combate contra Hamas y sus patrocinadores: Irán, Qatar, Hezbollah.

“El presidente de Colombia prometió premiar a los asesinos y violadores de Hamás – y hoy cumplió su promesa”, respondió Israel Katz, el ministro de Relaciones Exteriores israelí. “La historia recordará que Gustavo Petro decidió ponerse del lado de los monstruos más despreciables conocidos por la humanidad que quemaron bebés, asesinaron niños, violaron mujeres y secuestraron a civiles inocentes”, agregó.

El mismo 1 de mayo, Hamás aplaudió y describió como una “victoria” la decisión de Petro de romper las relaciones con Israel: “Apreciamos enormemente la posición del presidente colombiano Gustavo Petro (…) que consideramos una victoria por los sacrificios de nuestro pueblo y su justa causa”, declaró la dirección de Hamás en un comunicado.

Petro gritó en la plaza de Bolívar: el gobierno de Netanyahu quiere “exterminar un pueblo entero ante nuestros ojos”. Dijo que el pueblo israelí trata de “volver a las épocas del genocidio”, de querer “exterminar” al pueblo palestino.

¿Si los judíos son los nuevos nazis qué hará Petro con los colombianos de religión judía? ¿Les ordenará llevar una estrella amarilla en sus solapas? ¿Cerrará sus oficinas y comercios? ¿Los invitará a que huyan de Colombia?

La prensa y los políticos solo ven en esa terrible proclama el tema de la “crisis diplomática”. Creen ingenuamente que Petro no irá más lejos. Se equivocan. La ruptura de relaciones hace parte, obviamente, del plan de Petro para desmantelar las Fuerzas Armadas de Colombia. Pues la suspensión de la ayuda técnica israelí, sobre todo en materia de defensa, seguridad, fuerza aérea, electrónica y salud pública son muy importantes para Colombia. Son los rubros que, precisamente, Petro ya está destruyendo.

El problema es saber quién es realmente Gustavo Petro. Él es, en todo caso, el primer jefe de Estado que despliega en la Plaza de Bolívar la bandera de un movimiento terrorista, que hace desfilar en la capital extrañas milicias sin insignias que aparentemente sólo reciben órdenes de él. Son efectivos entrenados que disimulan su armamento bajo sus chalecos y que llegan a la capital en camiones y se pasean por las calles y se toman los parques y los campus universitarios para acampar allí como una fuerza de choque. Y todo en las barbas de los alcaldes y de las fuerzas del orden paralizadas. Muy extraño que discursos contra los judíos e Israel, tan vergonzosos para Colombia, sean lanzados en contextos de previa movilización de fuerzas paramilitares en la capital de la República. Y que las autoridades observen eso sin verlo realmente, hipnotizados como están por la palabra “minga”, sinónimo de reunión entre amigos.  

¿Quién es realmente Gustavo Petro? ¿Hasta dónde lo llevará su antisemitismo?

Por José Alvear Sanín

Aunque la motivación perversa de los actos siempre se oculta cuidadosamente, hay momentos en los que trasluce. Reprimir por largos años la expresión de los peores sentimientos profundos constituye un esfuerzo agobiador. Mantener la cara risueña mientras el magín concibe incontables infamias representa un empeño tremendo que se traduce en inevitable desequilibrio, incapacidad de reposar, logorrea incontrolable, mitomanía incesante, ánimo pendenciero y compulsión locomotiva, entre muchos otros síntomas de insufrible estrés, cuando se vive desasido de la realidad, entre la alucinación y la fantasía.

Esa descomposición moral, que impulsa a los gobernantes que la padecen desde la depravación personal hasta los mayores desafueros públicos, se desahoga con el permanente castigo a los inocentes ciudadanos, con despotismo y demagogia permanentes.

Mientras mayor sea el número de sus víctimas, más grande será la satisfacción del ego…

Desde hace diez meses circula un asqueante video que revela completamente la psique de Petro. Con la mayor frialdad, en voz baja y con lenta gesticulación, ese risueño personaje, apelando al símil de la caída en cascada de las fichas del dominó (“Shu-shu-shu”), se regocija anticipadamente por la quiebra que va a inducir, una a una, de las empresas prestadoras de salud.

En un país donde el gobierno estimula el descomunal lucro criminal del narcotráfico, de la extorsión y la subversión, se estigmatiza el lícito ánimo de lucro dentro del ejercicio de la libertad económica; y por un prejuicio ideológico se produce eficazmente la quiebra del Sector Salud, para convertirlo en un instrumento de control social esclavizante y en generador de un monumental incremento de poder del Estado sobre la economía.

La correcta atención de los pacientes, la salud de los enfermos y la muerte de los mal atendidos nada importan ante el gozo caprichoso, megalómano y vengativo del déspota, cuyo poder se ha incrementado enormemente en la última quincena, con la entrega de la Fiscalía —por cortesía de una Corte-sana— y por el golpe de Estado ejecutado de manera impune para apoderarse del Sector Salud.

El vociferante Petro se ha superado, pues, en materia de escándalo. Se ha quitado completamente la careta y ya con absoluta desvergüenza celebra su siguiente autogolpe de Estado a través de una constituyente de corte soviético, de consuno con todos los grupos cómplices del tal “proceso de paz total”, para la entrega del país a la revolución.

Por desgracia, mientras el gobierno, cada vez más poderoso, avanza hacia sus fines por la más torcida senda, más gente piensa bobaliconamente que, si Petro no se cae por la acumulación de errores, escándalos, peculados y prevaricatos, o por el próximo e inevitable desastre económico, llegará el momento en el que ya no le sea posible seguir eludiendo el juicio político por violación de los topes electorales.

¡Vana ilusión! Petro nunca se detiene, rectifica, analiza, estudia, deja de violar la ley, ni suspende el proceso de milicianización, con el que ya domina cerca de 400 municipios del país. Y ahora, como si esto fuera poco, a la ruina de Ecopetrol se sumará la confiscación del Fondo Nacional del Café, como para destruir las dos industrias principales del país y avanzar en el proceso de depauperación del pueblo, factor inherente a toda revolución comunista.

Quien se atreve ahora a confesar que las reformas se harán “de golpe” es el mismo que anuncia la abolición de la Carta que juró cumplir. Él bien sabe para dónde va, porque aquí, los establecimientos político y jurídico toleran diariamente los delitos detrás de la gestión oficial.

¡En fin, a mayor desvergüenza, mayor poder!

¡Bienvenidos, colombianos, a la revolución!

Por Eduardo Mackenzie

Nuevo delirio de Gustavo Petro contra Colombia y la civilización. El exguerrillero y presidente de turno, convertido de la noche a la mañana en insigne arquitecto, ha hecho saber a un auditorio asombrado y silencioso que él quiere demoler la Casa de Nariño.

En uno de sus tristes berrinches, con los que trata de mantener la tensión y la furia en el país, el presidente la emprendió esta vez contra el palacio presidencial. Parece que Petro no se siente bien dentro de esos muros venerables. Afirma que en ese palacio, construido hace “apenas 50 años”  –118 años en realidad–, hay gente misteriosa que recorre y se oculta “en la penumbra gris” para “hacer quién sabe qué”. 

Hundiendo la cabeza entre sus hombros, y con su cachucha azul de timonel fluvial, Petro resumió así el porqué de su secreto malestar (la lógica y el errado uso del pronombre “se” es de su eminencia): “Este palacio quiere aparentar que la oligarquía colombiana es aristocrática y por eso se hace con este estilo. Se hizo apenas 50 años. Es una mala idea arquitectónica porque trata de reproducir la aristocracia francesa a finales del siglo XX en Colombia que es una república democrática. Por mí lo tumbaba y ya verán cómo salen los titulares [de la prensa] y hacemos una cosa que sea democrática y popular con los patios abiertos y donde la gente fluya y donde puedan ver a los funcionarios sin que se oculten en esta penumbra gris haciendo quién sabe qué”. 

Lo que Petro dice con su acostumbrada rusticidad no es una amenaza, es un anuncio. El hombre militó en la banda terrorista que en 1985 asesinó a 32 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado (1), e incendió el Palacio de Justicia de Bogotá. Ahora él avisa que le gustaría “tumbar” la Casa de Nariño y que ya tiene en mente un nuevo edificio “democrático y popular”. 

Antes de que un nuevo incendio o unos buldóceres echen a tierra ese ilustre edificio, recordemos algunas verdades: no fue construido hace 50 años. Fue diseñado en 1906 por dos arquitectos: el francés Gaston Eugène Lelarge y el colombiano Julián Lombana, sobre el lugar donde había nacido en 1765 don Antonio Nariño, precursor de la independencia de Colombia y traductor al español de la Declaración de los Derechos del Hombre. El palacio fue inaugurado el 20 de julio de 1908 por el presidente Rafael Reyes.

Gustavo Petro debería tratar con más respeto a Gaston Lelarge. Bogotá le debe a él, fuera del Palacio de Nariño, otros bellos e importantes edificios públicos como el Capitolio Nacional en la Plaza de Bolívar, el Palacio Liévano, sede de la alcaldía mayor, el Palacio de San Francisco, antiguo edificio de la Gobernación de Cundinamarca, y el Palacio Echeverri, edificado en terrenos del antiguo convento de Santa Clara. Lelarge instaló allí vitrales de G.P. Dragant de Burdeos. Hoy es la sede del ministerio de Cultura. 

Eugène Lelarge era arquitecto y escritor. Nació cerca de París, en Bouray-sur-Juine (Essonne), el 12 de octubre de 1861. Llegó a Colombia en 1890. Fue también arquitecto-jefe del ministerio de Obras Públicas de Colombia, de 1911 a 1919. Falleció en Cartagena de Indias en 1934.

La Casa de Nariño y el Capitolio Nacional no hacen parte de la arquitectura “aristocrática”, como cree Petro. Es una arquitectura neoclásica típicamente republicana con elementos greco-romanos (columnas, frontones, pórticos, proporciones armoniosas) y con esculturas y vitrales de la Belle Epoque. Es una arquitectura que tuvo gran éxito en Occidente, sobre todo en Francia, Italia, Reino Unido y Norteamérica. ¿Colombia tenía que quedarse al margen de la arquitectura neoclásica? 

¿La bronca de Petro contra el Palacio de Nariño va más allá de eso? ¿Las otras obras de Gaston Eugène Lelarge en Bogotá también están amenazadas? ¿Porque a Petro le parecen de corte “aristocrático”?

La parcela y la casa donde ahora viven los presidentes de Colombia, y que Gustavo Petro describe como “gris” y no democrática, fueron adquiridas en 1754 por el padre del Precursor, don Vicente Nariño. Fue restaurada, por fortuna, en 1979, durante el gobierno de Julio Cesar Turbay Ayala. En su jardín se encuentra el Observatorio Astronómico Nacional de Colombia, fundado por José Celestino Mutis en 1803.

¿Por qué Petro detesta esos lugares tan cargados de historia patria? Hipótesis: Porque hay un viejo, aunque poco conocido, rencor irracional y anti-civilización en la extrema izquierda, y la colombiana no es la excepción, que toma a veces formas anti-arquitectura y anti-edificios públicos.

¿No pidieron en 2020 algunos de ellos, por ejemplo, expulsar de Bogotá las sedes de los ministerios con el pretexto de “buscar descentralizar el funcionamiento del Estado”? Otros exigen que el ministerio de transporte esté cerca de los puertos. ¿En Buenaventura? Que el ministerio de Agricultura esté “cerca del campo”. ¿En Caquetá? Que el ministerio del Comercio Exterior esté cerca “de donde se desarrollan esas operaciones”. ¿En Nueva York?

Lo peor es la obsesión por la demolición para “democratizar” las ciudades o reutilizar los ladrillos. En eso los bolcheviques fueron peores que Atila. La catedral de Cristo Salvador de Moscú fue dinamitada en 1931 por orden de Stalin. Cientos de iglesias fueron arrasadas o abandonadas por esa dictadura. La catedral de la Dormición de la Virgen, de estilo barroco, construida en Moscú entre 1696 y 1699, fue derribada pues la dictadura decidió ampliar una calle. Era la iglesia favorita de Fiodor Dostoievski.

Alto ahí don Gustavo. La Casa de Nariño y sus jardines y todo el centro histórico de Bogotá son patrimonio nacional colombiano y son más “democráticos y populares” de lo que usted cree. Si no puede dormir tranquilo en la Casa de Nariño es mejor que busque otro domicilio, en sentido figurado y no figurado.

Eduardo Mackenzie

Gustavo Petro no puede permanecer un día más en la Casa de Nariño.  Todos los elementos ya están sobre la mesa para que Colombia, en nombre de su supervivencia como nación libre y soberana, destituya a ese individuo nefasto que, por un derrumbe provocado del sistema de escrutinio en 2022, cayó sobre la Casa de Nariño. 

Ya pasó el momento de criticar gentilmente sus absurdas medidas de gobierno, sus mentiras y sus grotescas actuaciones contra el país. Ya pasó el momento de pedirle explicaciones. Ya sabemos cómo son las “explicaciones” de Petro. El momento que vivimos es de ruptura. Los elementos de fondo están ahí, a la vista de todos. La onda de choque de la gestión de Petro ya produjo la muerte violenta de un coronel de la Policía Nacional, el 9 de junio pasado, que trabajaba en el equipo de seguridad de la Presidencia de la República. Esa es la gota que desbordó el vaso. Once días después de esa tragedia no sabemos si el coronel Oscar Dávila Torres se suicidó o si fue asesinado. Hay testigos que aseguran que esa muerte está ligada al robo y hallazgo parcial de un enorme alijo de dinero –3 mil millones de pesos, algunos creen que la suma es más alta–, de origen secreto y que parecen ser del presidente. Gustavo Petro niega todo y trata de ocultar esa crisis con bocanadas de humo.

Horas antes de que rindiera testimonio a la Fiscalía sobre los obscuros hechos que ocurren en la presidencia de la República, el coronel Dávila fue ultimado a bala en una calle frente a su domicilio. Aunque no fue testigo del hecho, el presidente anunció inmediatamente que el coronel se había “suicidado”. Petro no pidió siquiera que el hecho fuera investigado, lo que un jefe de Estado normal haría en esas circunstancias.  Anticipándose al dictamen de Medicina Legal, todavía desconocido, Gustavo Petro puso a su tinglado a cantar lo mismo: fue un suicidio.

Ya pasó la hora de preguntarle al ocupante de la Casa de Nariño por qué obró así. Ya no es el momento de pedirle una “gran explicación”, ni de sugerirle que le “ponga la cara a sus compatriotas” y que ordene a sus subalternos decir toda la verdad y nada más que la verdad.

El espía que se cree “filósofo”

La indiferencia de Gustavo Petro ante la verdad es un hecho. ¿Oyeron la cínica respuesta que dio desde Alemania sobre la denuncia del senador David Luna de que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), dirigida por un ex guerrillero del M-19, está pinchando ilegalmente los teléfonos de periodistas, políticos y militares retirados? Petro se burló del senador al preguntar: “¿Creen que un filósofo estudiado [sic] en Alemania puede interceptar teléfonos?”.

¿Alguien puede creer que Petro revelará el origen de los tres mil millones de pesos que eran de él pero estaban no en un banco sino en el domicilio de su secretaria privada? Para Petro la verdad es un chiste. El considera que la verdad es una pasta dúctil que se puede modelar según las circunstancias. Es el enfoque de un ideólogo-narciso que estima que la verdad no es un problema, que lo que cuenta es conservar el poder y la influencia, al precio que sea.

Fijar la atención sobre la Comisión de Acusaciones

Todos los elementos están sobre la mesa para que la Cámara de Representantes se dé a la tarea de buscar ella misma la verdad, siguiendo los pasos que sabiamente ofrece la Constitución colombiana. Ella es libre de reunir su comisión de investigación y acusación y de investigar, por sí misma o pidiendo el auxilio de otras autoridades, y libre de comisionar para la práctica de pruebas, cuando lo considere conveniente. Ella es libre para proceder enseguida a la redacción de la acusación ante el Senado contra el presidente de la República.

Por eso hay que saludar al ciudadano Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, quien presentó ayer 15 de junio, ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la primera denuncia penal contra Gustavo Petro. Bustos declaró que su denuncia por concierto para delinquir y financiación ilegal de campaña, busca lograr, entre otros objetivos, abrir procesos separados de investigación disciplinaria, penal y juicio político de responsabilidad, contra el actual jefe de Estado. Ello no impide que otras denuncias y pedidos de destitución del presidente, lleguen a esa comisión.

Así es como una nación digna debe proceder para desmantelar las redes clandestinas que, dentro de la presidencia de la República, mueven millones de dólares y de pesos de origen desconocido. Es la primera vez que Colombia está ante un tal desafío. Millones de dólares, convertidos o no en pesos, circulan sin control por debajo de la mesa en la más alta esfera de la presidencia de la República. Y los ministerios, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y el Congreso y sus comisiones ignoran que ese circuito de dineros obscuros existe e ignoran, sobre todo, de dónde sale ese dinero y cuál es el destino de esos dineros.

Petro aspira, sin embargo, a que sus piruetas y negaciones frente a la ciudadanía y a sus representantes se olviden de la muerte del coronel Dávila y del affaire de los dineros calientes que circulan y de la cantidad de abusos y violencias que está sufriendo el país a causa de las políticas socialistas depredadoras de Gustavo Petro.

El ocupante de la Casa de Nariño dice que sus enemigos le están dando un “golpe blando”. Él utiliza esa fórmula para lavarnos el cerebro. Quiere que ignoremos que en toda sociedad democrática el presidente es responsable de sus actos y que por eso es legítimo y legal acudir a los trámites de la Constitución para lograr la destitución de un mandatario indigno. Un presidente como Petro obsesionado con destruir Ecopetrol, con reducir a polvo el sistema de salud, jugar con los fondos de pensiones, echarle mano a la justicia, desmantelar la fuerza pública, amnistiar al crimen organizado, dejar el orden público en manos de “guardias campesinas” controladas por las guerrillas, y hacer todo ello aunque la sociedad se oponga es un presidente indigno de sus ciudadanos.

Es cierto, la Fiscalía abrió una serie de investigaciones. El exministro del Interior, Alfonso Prada, está en la línea de mira. El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, lo acusa de haber ingresado de forma irregular 15.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro en 2022. Benedetti deberá presentarse ante la Fiscalía el 23 de junio. La Fiscalía citó a declarar nueve o diez personas más, por los hechos ocurridos en la Casa de Nariño: la muerte de Dávila, el robo en el domicilio de Laura Sarabia, el uso ilegal de un detector de mentiras de la Presidencia, las intercepciones telefónicas ilegales y la posible financiación ilícita de la campaña de Petro en 2022. Entre los llamados a rendir cuentas aparece un asesor jurídico de Gustavo Petro y aspirante a Fiscal, Miguel Ángel del Río Malo, quien aprovechó la muerte del coronel Ávila, para tratar, sin prueba alguna, de atribuirle a la Fiscalía el suicidio de Dávila. 

Colombia no se dejará imponer el sistema de soviets

Esas excelentes y patrióticas reacciones para frenar los delitos y la deriva gubernamental hay que saludarlas y apoyarlas. Pero son expedientes individuales que tratados separadamente no dejan ver el problema de fondo: la destitución del jefe de Estado como lo prevé la Constitución, sobre todo en sus artículos 174, 175 y 178.

Los misterios de palacio no son los únicos factores que dispararon las alarmas. En varias regiones del país, las milicias del ELN, bajo el disfraz de “guardias campesinas”, intentan apoderarse por la fuerza de las oficinas de gobiernos departamentales y violar la pureza del sufragio en las elecciones regionales de octubre próximo, sin que la fuerza pública reciba órdenes de Bogotá para proteger a la población y ponerle fin a la movida subversiva. Esas incursiones son la primera aplicación de la orden petrista de derribar de hecho la Constitución.

El 31 de mayo pasado y el 7 de junio siguiente, Petro ordenó a sus seguidores crear “asambleas populares” a dedo, de manera marrullera, en todos los municipios de Colombia para decidir sobre lo divino y lo humano y dictarle a los ministros lo que deben hacer. Ese llamado aberrante aumenta las posibilidades de que Petro sea destituido por violar la ley. Por vías de hecho no democráticas Petro trata de cambiar el sistema político e instaurar un “gobierno popular” –léase comunista—sobre el que reinaría un dictador sin tener que respetar el ordenamiento jurídico del país.  

¿Dejaremos que tales desmanes se impongan? ¿Ante ese caos qué ciudadano puede confiar en Gustavo Petro? ¿Qué gobiernos extranjeros podrán confiar en el Estado colombiano? Hay que sacar a Colombia de esa pesadilla. La movilización opositora y destitución de Petro es la salida.

Por Paloma Valencia

El pasado 20 de junio más de 100 mil colombianos salimos a la calle para pedir al gobierno Petro que no destruya, que construya sobre lo construido.

Pero el gobierno no quiere oír, dialogar, ni ceder. El Presidente puso un Twitter diciendo que las marchas eran poco nutridas. Tal vez no vio las fotos de sus mejores momentos o no observó las de sus marchas.  Se han ido convirtiendo en un gobierno parado en unos tacones muy altos de soberbia. Además de sordo, el gobierno es antitécnico. Se reúnen con los sectores sociales, gremiales, incluso con los partidos, se toman la foto y prometen acuerdos, y luego presenta los proyectos sin tener en cuenta lo hablado. Ya son varios los casos. Académicos y expertos explican los problemas de los proyectos del gobierno y, aun así, no cambian una palabra. Tal vez por eso, en la última encuesta de Invamer la desfavorabilidad del presidente llegó al 59,4%,16 puntos por encima de lo que estaba en noviembre.

Los sectores de centro que apoyaban al Gobierno ya no están con él. Unos los sacaron y otros se hicieron sacar, por no hacer caso, dijo el Presidente. Sus mejores ministros, que no daban tranquilidad a sectores radicales, los echaron: educación, agricultura y hacienda. El gobierno se radicalizó, y aún radicales como la Corcho, salieron.

Los escándalos por corrupción no han faltado. Un directivo de Prosperidad Social -que fue de la campaña- entregaba de manera irregular contratos. El director del Fondo Nacional del Ahorro daba puestos a cambio de votos en el Congreso. La exministra de deporte está investigada por mal manejo del presupuesto. Y entre ruido por la utilización de aviones de contratistas salió el MinTransporte.

El hijo del presidente, Nicolás Petro, está acusado de recibir dinero en efectivo para la campaña de extraditados y personas vinculadas con la corrupción, según versión de su exesposa. El hermano del presidente, Juan Fernando, junto al hoy Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, visitaban cárceles para supuestamente prometer una sustantiva rebaja de penas si era elegido el Presidente Petro. La mano derecha del presidente, Laura Sarabia, también manejaba dinero en efectivo que le fueron hurtados, y en la búsqueda hubo chuzadas a sus empleadas personales, polígrafo y hasta suicidio. Benedetti, alfil de campaña y embajador en Venezuela, afirmó que se recibieron más de 15 mil millones de pesos en la Costa Caribe, y que dice lo que sabe, se van todos para la cárcel.

El gerente de la campaña presidencial y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, está investigado por dineros en efectivo no reportados y por manejo de cuentas personales en la campaña. Los dineros girados a testigos electorales tampoco se contabilizaron. Los pagos de asesoría de algunos extranjeros, entre esos el acusado por corrupción Xavier Vendrell, tampoco aparecen reportados.

El Congreso escuchó el llamado de los colombianos. La ley de sometimiento y humanización de cárceles era la prueba del “Pacto de la Picota”. Rebaja de penas, eliminación de delitos y hasta posibilidad de que los delincuentes se quedaran con parte de la fortuna robada. Se hundieron. Lo que es más grave, ahora anuncian el deseo de volver a presentarla e insisten en darle amnistía e indulto a los narcotraficantes y secuestradores.  La reforma laboral que no generaba un solo empleo sino podría haber quitado más de 400 mil, se hundió. La legalización de la comercialización de cannabis que abría la puerta para que grupos armados ilegales pudieran lavar dinero por este método, también.

El “Pacto Histórico” violentó los derechos de la oposición. Nos negaron la posibilidad de determinar el orden del día de la sesión del Senado el pasado 20 de junio. Íbamos hacer el debate contra el gobierno por financiación ilegal de campaña y chuzadas. Demandaremos y ojalá el terrible código electoral aprobado ese día con voto electrónico mixto, se caiga.

Seguiremos en oposición democrática: sin violencia, con argumentos y con amor por Colombia